Tribunal ratifica prisión preventiva al imputado abusar Patronato Cibaño Contra el Cáncer
Un tribunal de Santiago ratificó la prisión preventiva al principal imputado por supuestamente abusar del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), así como a pacientes afectados por el cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), informó este miércoles el Ministerio Público.
La medida fue ratificada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, a quien le fueron impuestos el pasado mes de junio 18 meses de prisión preventiva que fueron confirmados este martes en la revisión obligatoria de la medida de coerción.
Asimismo, la misma medida le fue impuesta a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, mientras que su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
Lora y Guzmán cumplen la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación (CCR) de Rafey Hombres y Mujeres, de Santiago.
A Yasiris, a quien la Corte de Apelación de Santiago le ratificó este mes la medida de coerción a petición del Ministerio Público, se le conocerá la revisión obligatoria el próximo 2 de diciembre.
Por su parte, Vargas, exesposa del principal imputado, quien permanece bajo arresto domiciliario, renunció a su revisión, por lo que permanece con esa medida.
Vargas se divorció de Lora en 2014 y ocupó la vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
De acuerdo con la investigación, los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
Las pesquisas abordan hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
También se le atribuye la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Asimismo, según la investigación los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el Ministerio Público, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que «no corresponden al personal que trabaja en este tipo de entidades».
El caso, que continúa en investigación, fue declarado de tramitación compleja.
