Tribunal rechaza liberar de arresto domiciliario a De los Santos Viola del caso Coral
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este jueves la solicitud del general Julio de los Santos Viola, uno de los acusados en los expedientes de supuesta corrupción conocidos como Coral y Coral 5G, de ser liberado del arresto domiciliario.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que el tribunal también rechazó una solicitud similar que presentaron los abogados del mayor general Adan Cáceres Silvestre, otro de los supuestos miembros del entramado de corrupción que presuntamente defraudó al Estado con más de 4,000 millones de pesos.
La información destacó que los fiscales solicitaron al tribunal que De los Santos Viola vuelva a prisión preventiva, porque supuestamente, ha violado el arresto domiciliario.
El Ministerio Público dijo que entregó al tribunal las evidencias que dan fe de que el imputado abandonó el lugar designado para cumplir su arresto domiciliario.
En mayo pasado, los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron la prisión preventiva que pesaba en contra del general De los Santos Viola, por medidas menos gravosas como el arresto domiciliario, impedimento de salida del país y el uso de un localizador electrónico.
En cuanto a Cáceres Silvestre, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de que sea mantenida la prisión domiciliaria, «ya que no ha sido presentado ningún nuevo documento, ni han variado las condiciones que llevaron a esta decisión del Sexto Juzgado de Instrucción».
Entre los acusados también figura el general Juan Carlos Robiou y Boanerges Reyes.
El Ministerio Público presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas.
Los involucrados en el presunto entramado de corrupción operaron en perjuicio del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los cargos por los que son procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos entre otros hechos delictivos.
